Un sistema jurídico que no se puede auditar no sirve, por bien que escriba. Acá está el recorrido completo de una consulta —de la pregunta a la cita verificada— y, al final, la lista de lo que el corpus todavía no cubre. Esa segunda parte es la que importa.
La pregunta se resuelve por dos vías en paralelo y se fusionan por Reciprocal Rank Fusion: búsqueda semántica sobre vectores (e5-large, 1024 dimensiones, distancia coseno) y búsqueda léxica full-text en español. La segunda es la que garantiza los aciertos exactos —«art. 330 del CPCC», «Ley 26.994»— que la semántica sola se pierde. Se filtra por jurisdicción, provincia, fuero y vigencia antes de puntuar.
Buena parte de los boletines oficiales son listados de expedientes, edictos, licitaciones y avisos: en Misiones, unos 100.000 de 315.000 fragmentos de norma. No son fundamento jurídico y ensucian la recuperación, así que quedan relegados: solo entran al contexto si no hay fuentes de calidad —código, ley, fallo o doctrina— que responder.
Los candidatos se reordenan con un cross-encoder que puntúa la relevancia entre la pregunta y cada documento, bastante mejor que el coseno. La cascada es API hosteada, luego reranker propio, y si ninguno responde se conserva el orden de la fusión. Degradación segura: nunca es un fallo, es un resultado algo menos afinado.
Quince agentes en los casos civiles y comerciales, dieciséis en los penales: la diferencia son las posturas de parte, que se instancian según el fuero —actor y demandado, o fiscal, víctima y defensor— y corren en paralelo antes del debate. Cada paso deja su traza: proveedor, modelo, prompt, citas, tokens y latencia.
Antes de que el dictamen se emita, un agente contrasta cada cita contra lo efectivamente recuperado. Es bloqueante: no es un aviso al margen, es un paso que la cascada debe atravesar. La síntesis final en prosa corre después y se limita a la lista blanca de citas que el verificador validó.
Ningún modelo es incapaz de alucinar. Lo que se puede hacer es rodearlo de restricciones que vuelvan la invención visible y costosa, y dejar la decisión final en manos humanas.
Los agentes responden con lo recuperado del corpus y las reglas verificadas de la base. Cuando no hay respaldo suficiente, la instrucción es declararlo y marcarlo para verificar — nunca completar con la memoria del modelo.
El sistema conoce los reemplazos estructurales del derecho argentino (el Código de Vélez y el Código de Comercio por el CCyC de la Ley 26.994; las reformas de la Ley 27.742 sobre la LCT) y marca la cita que remite a un cuerpo derogado, proponiendo el vigente.
Un fallo previo a 2015 puede seguir siendo buen derecho por subsistencia del criterio, o no serlo. La instrucción es citarlo con aclaración expresa de su contexto normativo, en vez de presentarlo como si nada hubiera cambiado.
Cada resultado expone cuánto respaldo real tiene detrás, para que la revisión profesional sepa dónde mirar primero en lugar de tener que auditar todo por igual.
Los vencimientos no los estima un modelo: los calcula un motor determinístico sobre el calendario de días hábiles y las ferias del Superior Tribunal, y deja registrada la base legal de cada cómputo. El modelo solo sugiere qué regla aplicar; confirmarla es del profesional.
Ningún plazo pasa a estado confirmado por sí solo, ningún escrito se presenta solo y ningún dictamen es un acto decisorio. La plataforma produce borradores: el criterio y la firma son del abogado.
Los modelos de lenguaje se contratan por API a varios proveedores, con una cadena de reserva: si uno falla o se satura, el paso se reintenta con el siguiente y queda asentado cuál respondió. Si la recuperación no puede resolverse, la cascada lo declara y sigue sin fundar, en vez de improvisar.
Publicado, no escondido. Estas son las fronteras conocidas del corpus y del sistema al 15/07/2026. Si alguna deja de ser cierta es porque se corrigió la causa, y recién entonces se cambia este texto.
Son 7.444 fallos con texto completo. Los anteriores publicados por la Corte son escaneos sin capa de texto, que no se indexan hasta resolver el OCR. Los sumarios de la Secretaría de Jurisprudencia (1962–2026) sí están.
La plataforma prioriza el derecho vigente y marca las citas a cuerpos derogados (Vélez, Código de Comercio, reformas de la LCT), pero el campo de fecha de derogación no está poblado para todo el corpus. La verificación final de vigencia es del profesional.
El Superior Tribunal de Justicia de Misiones no publica un buscador de jurisprudencia consultable, y la extracción directa no resultó confiable. Su jurisprudencia se cubre a través de SAIJ, no por ingesta propia. Del Chaco sí hay ingesta directa.
Los rankings y las series de resultados judiciales se extraen del texto oficial mediante modelos, con puntaje de confianza y enlace a la fuente. Su cobertura es parcial —especialmente en nombres de letrados— y no sustituye a una estadística oficial.
Dictámenes, escritos y cómputos de plazo son insumos para revisión profesional. La plataforma no emite actos decisorios ni presta asesoramiento jurídico: el criterio y la firma son del abogado.
Cada cita abre la norma o el fallo real. Cada plazo muestra el artículo que lo funda. Cada límite está escrito.
